¿Es España de verdad un Estado de derecho? El imperio de la ley, ¿es realmente lo que define, enmarca y condiciona nuestras relaciones de convivencia? La justicia, sus protagonistas y las instituciones judiciales, ¿son las que nos merecemos? Y sobre todo: ¿están a la altura de lo que demanda la sociedad española?
Nadie discute que en España el Estado de derecho atraviesa hoy una situación delicada. Todo el entramado institucional creado para salvaguardarlo, desde el proceso inicial de generación de normas hasta su aplicación final por la judicatura o por la Administración Pública, está amenazado de derribo y se muestra en ocasiones demasiado débil para taponar las grietas por las que se filtran los intereses particulares de los más poderosos o simplemente de los más desvergonzados.
La defensa del Estado de derecho pasa por obligar a nuestros dirigentes a tomar conciencia de su responsabilidad, denunciando sus excesos y sus carencias si es necesario, que es justo lo que hacen en este libro varios de los editores del blog jurídico más importante de nuestro país. Porque depende de nosotros conseguir que vivamos en un Estado que respete los compromisos adquiridos entre todos y en el que se pueda decir, sin reparos, que sí hay derecho.
Nadie discute que en España el Estado de derecho atraviesa hoy una situación delicada. Todo el entramado institucional creado para salvaguardarlo, desde el proceso inicial de generación de normas hasta su aplicación final por la judicatura o por la Administración Pública, está amenazado de derribo y se muestra en ocasiones demasiado débil para taponar las grietas por las que se filtran los intereses particulares de los más poderosos o simplemente de los más desvergonzados.
La defensa del Estado de derecho pasa por obligar a nuestros dirigentes a tomar conciencia de su responsabilidad, denunciando sus excesos y sus carencias si es necesario, que es justo lo que hacen en este libro varios de los editores del blog jurídico más importante de nuestro país. Porque depende de nosotros conseguir que vivamos en un Estado que respete los compromisos adquiridos entre todos y en el que se pueda decir, sin reparos, que sí hay derecho.
