En México, el primer semestre de 2014 se vio marcado por los esfuerzos del Ejecutivo por controlar un país que, por momentos, parece escapársele de las manos. Muestra de ello es el envío de un comisionado plenipotenciario, fuerzas federales y una inversión multimillonaria para la intervención en el estado de Michoacán en un intento por frenar la inseguridad, restituir el estado de derecho, impulsar el desarrollo de la entidad y detener el crecimiento de las fuerzas de autodefensa. La puesta en marcha de las reformas estructurales en materia política y económica, así como la concreción de las pendientes, como la energética, estuvo a la cabeza en la agenda gubernamental, como parte de la estrategia para mantener a flote y en marcha un barco que, en vísperas de cumplirse el primer tercio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, presenta un balance desfavorable en casi todos los frentes, en especial en lo que se refiere a crecimiento económico, empleo, seguridad pública y respeto de los derechos humanos. Pese al desquebrajamiento del Pacto por México, en el ámbito político es donde el Ejecutivo federal mejores resultados obtuvo, tras consolidarse la reforma electoral, que significó la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), con polémicas atribuciones, con lo que comienza una nueva etapa electoral en el país, plagada de incertidumbre y que tendrá su prueba de fuego en 2015, año en que el INE deberá organizar las elecciones en 17 entidades de la república.
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