Luego de la crisis que la Argentina atravesó a fines de 2001 y comienzos de 2002, la intervención estatal en el campo del bienestar social fue consolidándose paulatinamente en dos grandes líneas. Por un lado, en un contexto de recuperación de la actividad económica se generaron medidas destinadas a los trabajadores asalariados formales. Por el otro, en el corto plazo se impulsó un conjunto de programas sociales encargados de abordar las situaciones de las personas en condición de pobreza y falta de empleo bajo el supuesto de que serían situaciones del “mientras tanto”, es decir, hasta que el mercado las incorporara. En apretada síntesis, Pilar Arcidiácono sostiene que la dinámica de los programas sociales después de la crisis se caracterizó por la participación protagónica de la esfera de la “sociedad civil” en las diferentes etapas de la política pública; una mayor tendencia a la familiarización de las responsabilidades en materia de bienestar; un énfasis en la “mercantilización” de la fuerza de trabajo, a partir de fortalecer los mecanismos para trabajadores asalariados y la promoción del paradigma de empleabilidad, paradójicamente en un escenario de creciente informalidad y transformaciones en el mercado laboral, y finalmente una mirada residual y transitoria de los programas sociales que aparecen para cubrir ciertas deficiencias en el “mientras tanto”.
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