Todo ello inscrito en el proceso electoral de 2006, sin duda uno de los más controvertidos de nuestra historia reciente. Fue así que la implementación del paquete de reformas electorales se apostó por un esquema acotado en donde la equidad y la igualdad se erigieran como diques capaces de contener los torrentes impetuosos de la crítica en la arena política.
Con este propósito en mente, la instauración de un recurso judicial efectivo, bajo las características de sencillez, sumariedad y efectividad se impuso como un ideal regulativo que tuvo por objeto no sólo promover la litigiosidad sino también evitar la producción de daños irreparables a partir de las campañas desplegadas por los distintos partidos políticos. Bajo estas coordenadas, el procedimiento especial sancionador vio la luz.
Es por ello que con la positivización del procedimiento especial sancionador se pretendió dotar de contenido y fijar los alcances de aquellas acciones instrumentadas por ciudadanos, dirigentes, personas físicas o morales, concesionarios o permisionarios de radio y televisión, organizaciones sindicales, entre otros, siempre y cuando tuvieran por objeto los principios de equidad e igualdad que fueron los bastiones sobre los cuales se sostienen la actuales reglas electorales.
En contrapartida, la pretensión de este genuino propósito, el procedimiento especial sancionador, ha sido utilizado como herramienta de inmovilización para quienes apuestan por un esquema de libertades irrestrictas, encontrando como derrotero común un terreno fértil para la crítica dura y severa. Por el contrario, quienes promueven un efecto silenciador han optado por el aumento de una litigiosidad que echa mano a medidas cautelares como instrumentos capaces de inmovilizar cualquier mensaje político electoral.
Por ende, para entender en su totalidad las implicaciones en la implementación del procedimiento especial sancionador será necesario entenderlo desde sus entrañas. Es por ello que la obra fijando como coordenadas de estudio tales como: procedencia, presentación, trámite, elaboración de proyecto de resolución, entre otras, contribuirá a que los operadores en la materia como partidos políticos, órganos electorales, abogados postulantes y otros tantos más puedan acercarse de forma fácil y didáctica al procedimiento en cuestión y desde esta trinchera formular planteamiento creativos.
