En los últimos años, una sensación de inseguridad y vulnerabilidad se ha adueñado de muchos ciudadanos, a pesar de los esfuerzos y las acciones que han emprendido los tres niveles de gobierno para enfrentar el fenómeno delictivo. En Jalisco, los costos públicos y privados de la inseguridad y la violencia se han incrementado en forma significativa en los últimos tres lustros. Su presencia pone de manifiesto que la función básica de gobierno de garantizar la seguridad y el orden público adolece de severos déficits e ineficiencias. En el tema de la seguridad pública y aplicación de la justicia confluyen problemas estratégicos que han estado presentes en el pasado reciente, persisten actualmente y podrían continuar en el futuro del estado. Producto de prácticas delictivas de muy diverso peso y origen, el déficit de seguridad pública, que es uno de los asuntos públicos más delicados y visibles en cotidianidad de los jaliscienses, puede también inhibir o estimular las relaciones económicas y sociales. Los diagnósticos de este volumen no dejan lugar a dudas de que tanto en la administración de justicia en general como de justicia penal en particular persisten prácticas de corrupción, ineficiencia y lentitud que tienen como expresión última una baja confianza en los aparatos de impartición de justicia, la excesiva saturación del sistema carcelario y un gran crecimiento de los costos de operación de la justicia en Jalisco.
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